El Gobierno ha dado un paso significativo al aprobar el anteproyecto de ley que regulará la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) en España. Este nuevo marco legal tiene como objetivo asegurar un uso ético, inclusivo y beneficioso de la IA, alineándose con el reglamento europeo que ya se encuentra en vigor.
La normativa combina un enfoque regulador con un impulso a la innovación, buscando adaptarse a las exigencias del contexto europeo. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, destacó en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la dualidad del potencial de la IA: “Es una herramienta poderosa que puede mejorar nuestras vidas o amenazar nuestra democracia”, enfatizando así la importancia de su correcta gestión.
Tramitación Urgente y Objetivos Clave
El anteproyecto será tramitado por vía de urgencia y deberá seguir los procedimientos establecidos antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación final y envío a las Cortes. La legislación busca establecer un marco común en la Unión Europea para el desarrollo y uso de sistemas de IA, prohibiendo usos maliciosos y estableciendo obligaciones más estrictas para aquellos considerados de alto riesgo.
Entre las novedades, se incluye el derecho digital a retirar provisionalmente del mercado español sistemas de IA que hayan causado incidentes graves, como fallecimientos. Esta medida refuerza el compromiso del Gobierno con la protección de los ciudadanos frente a posibles riesgos asociados a esta tecnología.
Prácticas Prohibidas y Sanciones
A partir del 2 de febrero de 2025, entrarán en vigor prácticas prohibidas que podrán ser sancionadas desde el 2 de agosto del mismo año. Estas incluyen:
- Técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento.
- Explotación de vulnerabilidades relacionadas con edad o situación socioeconómica.
- Clasificación biométrica basada en raza u orientación política.
- Puntuación social que afecte el acceso a subvenciones o préstamos.
- Inferencia emocional en entornos laborales o educativos sin justificación médica.
Las sanciones por incumplimiento oscilarán entre 7,5 millones y 35 millones de euros, dependiendo del volumen global de negocio del infractor. Las autoridades competentes serán diversas, incluyendo la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial, cada una supervisando distintos aspectos relacionados con la IA.
Sistemas Considerados de Alto Riesgo
Los sistemas clasificados como alto riesgo abarcan aquellos utilizados en seguridad industrial, educación y administración pública. Estos deberán cumplir estrictas obligaciones, como contar con supervisión humana y documentación técnica adecuada. Las infracciones graves pueden resultar en sanciones severas si no se comunican incidentes significativos o si no se implementan medidas adecuadas para garantizar su funcionamiento seguro.
A partir del 2 de agosto de 2026, todos los países miembros deben establecer al menos un sandbox, un entorno controlado que permita probar innovaciones en IA antes de su comercialización. España ha adelantado este requisito mediante una convocatoria lanzada en diciembre pasado para seleccionar hasta 12 sistemas innovadores que participarán en este entorno durante un año.
Con estas medidas, el Gobierno busca no solo regular sino también fomentar un desarrollo responsable y seguro de la Inteligencia Artificial en el país.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Sanciones para prácticas prohibidas |
Entre 7,5 y 35 millones de euros, o entre el 2% y el 7% del volumen de negocio mundial |
| Sanciones por infracciones graves |
Entre 500.000 euros y 7,5 millones de euros, o entre el 1% y el 2% del volumen de negocio mundial |
| Sanciones por infracciones muy graves |
Entre 7,5 y 15 millones de euros, o hasta el 2% y el 3% del volumen de negocio mundial |
| Fecha de entrada en vigor de prácticas prohibidas |
2 de febrero de 2025 |
Si (
No(
